Uno de los grandes avances del Estado Social de Derecho ha sido abandonar sistemas traídos de la misma Inquisición, y ahora es un derecho que en cualquier proceso los investigados puedan conocer y controvertir la totalidad de las pruebas bajo las cuales se le pretende sancionar; esto, en un claro ejercicio del Derecho de Contradicción, que es uno de los tantos elementos del Derecho al Debido Proceso consagrado como Derecho Fundamental en nuestra Constitución Política.
A pesar de ese gran avance, hoy, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, en un evidente retroceso en cuanto a garantías fundamentales se refiere, sanciona (para dejarlo en claro) a los Organismo Evaluadores de la Conformidad (OEC), sin que ellos mismos conozcan la totalidad de las pruebas bajo las cuales ONAC idea sus sanciones. Incluso puede decirse que aplicando un nuevo principio de “SIN verdad sabida y SIN buena fe guardada”.
No hay nada más incómodo para cualquier OEC que lo haya vivido, por la misma violación a los Derechos Fundamentales, que enfrentarse a una evaluación extraordinaria que tiene por origen una queja presentada ante ONAC, en donde desde la misma evaluación el personal de ONAC señala que “la queja no se la puedo entregar porque es confidencial”, o al solicitar la queja de forma escrita al mismo Organismo, reafirma la posición del evaluador, con un “….eso es confidencial” (última respuesta en este sentido, radicado ONAC No. 202130040237702).
Hoy en día existen recursos de apelación y decisiones en firme, en las cuales los OEC se han defendido sin conocer las pruebas bajo las cuales, normalmente, se les retira la acreditación.
Nuevamente pregunto, ¿Dónde está la transparencia del ONAC?
